Un DNU prorroga la emergencia económica provincial

Un DNU prorroga la emergencia económica provincial

Como sucede desde hace 17 años, se destaca en los considerandos que aún resulta necesaria la continuidad de las medidas adoptadas por el Gobierno de la Provincia, en el marco de los objetivos trazados. La principal razón está explicada en la necesidad de sostener el actual sistema, con el objetivo de evitar la caída abrupta del régimen de Emergencia Económica, con los consiguientes riesgos que ello implicaría para la Administración.

El Ejecutivo Provincial echó mano al artículo 145 de la Constitución Provincial, toda vez que posibilita la aplicación de normas sancionadas y hasta tanto se pongan en funcionamiento los resortes constitucionales. Es el que crea los Decretos de Estado de Necesidad y Urgencia. Señala que en caso de estado de necesidad y urgencia, o que esté amenazado de una manera grave e inminente el funcionamiento regular de los poderes públicos constitucionales, el Poder Ejecutivo, en acuerdo general de Ministros, y previa consulta oficial al Fiscal de Estado y a los Presidentes de ambas Cámaras Legislativas, puede dictar decretos sobre materias de competencia legislativa. Indica también la Constitución que debe informar de ello a la Provincia mediante un mensaje público, lo que será cumplido oportunamente dice el decreto publicado hoy.

Este tipo de norma debe ser remitida a la Legislatura dentro de los cinco días de dictado, convocando de inmediato a sesión extraordinaria si estuviere en receso, bajo apercibimiento de perder su eficacia en forma automática. Transcurridos noventa días desde su recepción por la Legislatura, sin haber sido aprobado o rechazado por ésta, el decreto de estado de necesidad y urgencia queda convertido en ley.

Originalmente la emergencia fue establecida por la Ley Nº 6583 por el plazo de un año respecto de la suspensión de subsidios y subvenciones y de un año y medio respecto de beneficios tributarios previstos en los regímenes de emergencia agropecuaria y forestal y de la derogación de beneficios tributarios previstos en los regímenes de promoción. Desde marzo de 1990, en que fuera sancionada, fue sucesivamente prorrogada por los gobernadores Roberto Augusto Ulloa, Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey.

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