Para Samamé, la pandemia sacó a flote problemas y más diferencias en la justicia

Para Samamé, la pandemia sacó a flote problemas y más diferencias en la justicia

El abogado Horacio Samamé aseguró que la pandemia sacó a flote en Trenque Lauquen una serie de problemas y diferencias en el Poder Judicial, y fue muy crítico de algunas situaciones que se dieron en el marco de las marchas locales pidiendo celeridad a la justicia, como así también de las prisiones preventivas que se dictan, de sus colegas que eligen ingresar al Estado y de aquellos que hablan de “garantismo” cuando se defiende el estatuto constitucional.

Este ha sido un año particular para el sistema de Justicia, principalmente por la implementación de un sistema electrónico que llegó para suplir todas las actividades que quedaron suspendidas por el aislamiento y luego el distanciamiento social producto del Covid-19. Pero también se dieron otras situaciones de reclamos sociales hacia la estructura del Poder Judicial, y sindicales en todos los niveles de la estructura, que sumergieron en una especie de crisis institucional a este poder del Estado provincial.

Para Samamé, la suma de estas situaciones no le resta credibilidad a la Justicia como valor, sino “a los encargados de cumplir esta función que es administrar justicia. La pandemia ha sacado a flote todas estas diferencias, como en el caso del Poder Judicial que es una institución muy grande encargada de velar por el cumplimiento a rajatabla de la Constitución, donde todo esto obviamente va a generar distorsiones y problemas” señaló el penalista.

Como ejemplo, dijo que actualmente “cuando queremos ejercer los derechos tanto de los imputados como de las víctimas, nos hablan de exceso, la famosa frase de los garantistas, pareciera que defender la Constitución es ser garantista, pero son garantías constitucionales y no habría república si no respetamos la Constitución, y ya tuvimos lamentablemente en otras épocas interrupciones en los procesos democráticos en donde la Constitución se administraba al 10 por ciento y así nos fue” recordó.

Diferenciar los reclamos

En este marco, Samamé no dudó en asegurar que hoy “la administración de justicia está en crisis, de eso no hay ninguna duda, esto es percibido por la sociedad y acá haría una diferenciación de lo que es un justo reclamo con lo que es manifestar una insatisfacción pero que no está sustentada en causas que lo justifiquen”.

En clara alusión a las marchas que realizaron hace algunos días los padres de niños y niñas víctimas de abuso sexual, explicó que “muchas veces se confunde un sentimiento legítimo de justicia pidiendo que haya mayor celeridad, con lo que vemos normalmente y denominamos escraches, o sentencias por medio de redes sociales que divulgan nombres de personas que no siempre han sido imputadas de delitos. Muchas de las personas que hoy aparecen pegadas sus fotos en los postes, yo he chequeado que no todos han sido denunciados como corresponden en las fiscalías para que se inicie una investigación, y los que han sido denunciados, quédense tranquilos que los fiscales están investigando, recolectando pruebas y cuando llegue el momento procesal elevarán esas causas a juicio y un tribunal o un magistrado realizará el análisis de la prueba y resolverá si condena o absuelve a la persona imputada”.

Mientras tanto -continuó el abogado local- “acá se está dando una sentencia que es muy dura, la que ocurre socialmente, porque insisto que hay personas que no han sido denunciadas, y otras que sí, pero no se recabó prueba suficiente para elevar la causa a juicio”. Y arremetió: “Entonces acá ya no hay un sentimiento de justicia, eso se parece más una venganza personal por no haber obtenido un resultado”.

Para cerrar el tema, Samamé explicó que toda persona imputada de la comisión de un delito “goza del principio de inocencia, hay garantías constitucionales que le garantizan a cualquier ciudadano que en el momento de sufrir una imputación se le respeten todos sus derechos, porque esa persona está enfrentando al poder del Estado, al presupuesto del Estado, es decir, está en una desproporción muy grande”.

De garantías procesales y prisiones preventivas

La pandemia trajo consigo cambios en la forma de llevar a cabo los procesos en el ámbito de la Justicia. Pero las modificaciones no siempre cumplieron con las garantías de derecho, según expresó el abogado Horacio Samamé.

Uno de esos problemas, según el análisis del penalista local “administrar los pedidos que hacen las partes en un proceso, estuvo marcado en muchos casos por la falta de poder tener un contacto diario y tener que adaptarte a medios electrónicos que no siempre funcionan, pero que se dieron por ejemplo en el marco de las audiencias para respetar una serie de medidas preventivas y evitar contagios”. Y fue así que “generaron una verdadera distorsión de lo que son los tiempos, si bien es cierto que hay que reconocer que es lo mismo lo que ocurre en el fuero penal con respecto al administrativo, civil o de familia”.

Protocolos

Sin dejar de reconocer que en muchas oficinas se hizo un gran esfuerzo para cumplir con los protocolos sin que esto vaya en desmedro del trabajo, “en el fuero penal ocurrió que fue imposible trasladar a una persona que está imputada desde una unidad carcelaria por un protocolo de distanciamiento y justamente para evitar los contagios, para que esté en presencia de un juez. Y esto no es un tema menor”. “Yo como defensor no estoy de acuerdo con que se realicen todo tipo de audiencias a través de medios informáticos porque dependemos de una conectividad que no es lo mismo lo que puede tener acá en la ciudad cabecera con la que puede tener por ejemplo una unidad carcelaria más allá que se hayan previsto este tipo de cosas” señaló.

Entonces, sostiene que es allí cuando “las garantías procesales para mí no se dan, es una violación al derecho de defensa. Una persona que va a ser privada de su libertad por lo menos merece ser escuchada y vista en persona, tampoco es una crítica al magistrado sino a la situación que tenemos” aclaró.

En tanto, el abogado penalista consideró que en ese marco “se hace un abuso de las prisiones preventivas, a pesar que los jueces dicen que son medidas cautelares. La verdad es que son penas anticipadas porque después se terminan computando como cumplimiento de pena”.

En defensa del empleado

“Ya sé que esto va a traer consecuencias y me van a salir a pegar” repitió Horacio Samamé en varios pasajes de la entrevista.

Es que el abogado no ahorró críticas en este repaso de la situación de la justicia en 2020. Y como para no dejar ningún frente abierto, también se metió en el terreno sindical de los empleados judiciales, calificando como abogados “bebé” a aquellos colegas que deciden ingresar al Estado y con ello perjudican la carrera administrativa de algunos trabajadores que no son abogados.

“Siempre me pareció injusto que no haya una escala salarial para el empleado administrativo del poder judicial que se diferencie tanto de lo que gana un ‘bebé’ abogado, que con un título desplaza a un empleado administrativo que lleva 20 años esperando un ascenso e ingresa en ese lugar y para ser al poco tiempo nombrado auxiliar letrado y generar con esto que pierda el cargo administrativo” dijo Samamé.

Y por último, calificó a estos abogados como “cazadores de zoológico”, mientras que a los que como él, litigan de manera particular, los denominó “cazadores de la selva”.

En ese marco, afirmó el penalista, “no le puedo tener respeto a una persona que priorizó su situación económica sin haber hecho el intento de cazar en la calle, y de repente le pone freno a una persona que no es abogado en su carrera laboral, esa distorsión también genera un malestar muy grande”.