Buscan más transparencia en campañas

Nacionales 11 de febrero de 2018 Por
El presidente Mauricio Macri está decidido a avanzar en una ley que combata el dinero en negro que financia la política en época de elecciones.
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El Gobierno tiene decidido avanzar en el Congreso con una nueva ley de Financiamiento de los partidos políticos. La iniciativa, que traerá polémica, incluye dos puntos claves, con la idea de combatir la plata sucia de las campañas electorales: bancarizar los aportes y blanquear el dinero con el que los empresarios "colaboran" con los candidatos.

De acuerdo con el borrador al que accedió Clarín, la Casa Rosada pretende avanzar en el aumento de 15 a 30 días en la prohibición de actos por parte de las autoridades en la etapa pre-electoral, como una reacción a las críticas opositoras por la batería de recursos que tiene un Gobierno nacional o provincial respecto del resto. De igual manera, el Ejecutivo también propondrá sancionar el clientelismo y el uso de recursos públicos; es decir, quienes persigan votos a cambio de electrodomésticos, colchones o sorteos de autos 0km, serán castigados.

En ese marco, funcionarios nacionales iniciarán la próxima semana una ronda de consultas con dirigentes de los distintos partidos políticos para confirmar si el apoyo que existía el año pasado continúa en pie. El temor en el Gobierno es que, como cambió el escenario político, ese respaldo ya no exista.

 Todavía resta definir cómo lo presentará. La duda en el Gobierno es si presenta un nuevo proyecto o bien modifica la ley electoral vigente, en el capítulo de financiamiento. En cualquiera de los dos casos, formaría parte de los anuncios que el presidente Mauricio Macri hará el 1 de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

Con esta propuesta, el oficialismo ratificará la modalidad de dividir en varias leyes las iniciativa que generan algún rechazo, tal como ocurrirá con la reforma laboral. En este caso, el objetivo es no repetir el traspié de noviembre de 2016 cuando Cambiemos intentó una reforma electoral global y, por la resistencia a la Boleta Única electrónica, el peronismo con Miguel Pichetto a la cabeza hizo caer todo el paquete.

De ahí que el Gobierno decidió cajonear la implementación de la boleta electrónica para las elecciones generales del 2019. A lo sumo, admiten en Balcarce 50, mejorarán el sistema de escrutinio provisorio. Una de las posibilidades que analizan es proveer de escáner a cada escuela donde se vota para acelerar el proceso de recuento de votos; hasta ahora, todos los telegramas eran trasladados al Correo y una vez allí, recién se escaneaban.

El borrador del Ministerio del Interior sobre el Financiamiento comprende la "bancarización del régimen de aportes". Hasta hoy, la mayoría de las contribuciones a los partidos se realizaba en efectivo, lo que abre las puertas al lavado de dinero y dificulta el control de su origen y destino. El cambio apunta a que tanto los aportes como los gastos sea registrados. Para ello se restringe al mínimo la posibilidad de hacer donaciones en efectivo: no más de 100 módulos electorales equivalentes, en 2017, a $950. Los que además deben depositarse en una cuenta bancaria.

Como complemento, el Gobierno pretende obligar a los organismos financieros y de control a informar a la Justicia Electoral sobre los movimientos "extraños". Para ello, quiere regular la colaboración entre la Cámara Nacional Electoral y la UIF, Procelac, Afip, Anses, IGJ, Oficina Anticorrupción, entre otros, para que estén obligados a compartir la información con la Justicia Electoral.

Por otra parte se levanta la prohibición a los empresarios de aportar a una campaña. En el pasado se creía que eso impedía que el poder económico influyera en un candidato o partido. Falso. Los empresarios ahora podrán "contribuir" con un candidato con un límite: el proyecto habilita el aporte de personas jurídicas, manteniendo el 3% sobre el total de los gastos permitidos para un partido. Por ejemplo, si una fuerza política tiene permitido gastar 100 millones de pesos en una campaña, un empresario podrá "colaborar" con una donación de hasta 3 millones. El mismo límite corre para las personas "físicas".

Otro de los puntos complejos que se persigue es el "registro de aportes y gastos en tiempo real". Todos los ingresos y gastos de un partido político se podrán ver "online" y tienen que ser cargados con una plazo de hasta cinco días, para lo cual se elaborará un software especial y una plataforma electrónica que será administrada por la Justicia Electoral.

La iniciativa del oficialismo también dispone controlar la publicidad en la vía pública. Para ello tiene previsto crear un "Registro de proveedores de publicidad en vía pública" que será monitoreado por la Cámara Nacional Electoral, con el objetivo de evitar la presentación de facturas truchas o la justificación de gastos no realizados.

¿Quién controlará que esta nueva ley de cumpla? La Justicia electoral. Por ello, el texto comprende el fortalecimiento del cuerpo de auditores de la Cámara Electoral. Se aumenta la composición de este cuerpo creando 17 cargos nuevos de auditores contadores, con el fin de mejorar el control de financiamiento. Y, está claro, también su presupuesto.


Fuente de la Información: Clarín

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