Deuda, la otra pelea de fondo de Kicillof

Deuda, la otra pelea de fondo de Kicillof

Por Andrés Lavaselli, de Agencia DIB.

El gobierno de Axel Kicillof formalizó el viernes su oferta a los acreedores externos para realizar un canje de bonos por USD 7.148M con una quita de unos USD 5.000M, lo que activó el tic-tac de un plazo que expira, en principio, el 11 de mayo, para saber si la provincia entra o no en default. Aunque el hecho pasó casi inadvertido para el radar mediático, no es una cuestión menor: de la forma en que se resuelva esa negociación depende el ritmo de salida de una crisis económica que el aislamiento social está llevando a niveles angustiantes.

Los términos de la oferta que elaboró el ministro de Economía, Pablo López, implican que el Estado provincial dejaría de pagar, en lo que resta del año, unos USD 900 millones, mientras que debería hacerse cargo del primer cupón de la deuda reestructurada recién en 2023, el año electoral, y solo por unos USD 130 millones. Claro que mientras tanto deberá seguir abonando la porción de deuda no incluida en la propuesta, contraída con organismos internacionales o con contratos regidos por la ley argentina. Hasta fin de este año, son unos USD 1.400M.

El hecho de que el mismo Kicillof haya reconocido que el Estado no puede pagar, disparó una lectura entre cínica y realista: el ahorro, y por lo tanto la masa de recursos para apoyar una reactivación, se va a generar igual, acepten los acreedores o no lo hagan. Pero en el gobierno creen que esa lectura es incorrecta. Un acuerdo, dicen, es esencial para generar inversiones en el difícil mundo post pandemia. También es un pre requisito para un retorno al financiamiento externo. Eso, claro, siempre que también haya acuerdo a nivel nacional.

Pero las primeras conversaciones con los representantes de los fondos de inversión fueron muy duras. No llegaron a la amenaza explícita, como ocurrió en el caso de Martín Guzmán, a quien le dijeron que los quieren ver implementar “un sacrificio que duela”, pero hubo un argumento que le repitieron con insistencia a sus interlocutores oficiales: “la provincia no está tan mal como dicen”. Los acreedores son, también, Black Rock, Fidelity, Pimco, pero además, fondos de menor tamaño que tienen una participación mayor que a nivel nacional.

Esa estructura puede imponer alguna particularidad a la pulseada en la provincia. Porque hace juego con otra novedad de la oferta actual, que la diferencia del tironeo de marzo, cuando Kicillof amagó con no pagar pero terminó haciéndolo. Ahora, aunque una aceptación del 75% -promedio- obligaría a todos los acreedores a entrar, no llegar a esa cifra no implica que se caiga toda la operación. Es decir que si el 30, 40 o 50% acepta, para ellos el canje correrá y será en esa proporción el alivio que experimente la provincia.

Parte de la incógnita se revelará el 11 de marzo, cuando venza un bono par de USD 111 millones, 24 horas después de que expire la nueva prolongación del aislamiento social.

♦ Urgencias

Esa pelea de fondo pone presión sobre el problema de las urgencias fiscales que el horizonte de una cuarentena más larga  agudiza. Hasta ahora, la inversión nacional en ayuda es del 1,5% del PBI, baja incluso en términos regionales. A Provincia, con una caída de la coparticipación del 30%, el auxilio financiero adicional que llegó es de $ 5.000M. Eso, para un Estado que, por caso, debió duplicar la ayuda alimentaria, de $1300 a $ 2500M, sólo en abril.

Los municipios, que experimentan caídas de recaudación mayores a las de provincia y Nación, presionan a su vez por un rescate. Kicillof les destinó hasta ahora $ 4.000M, de los cuales $3.000M deberán ser devueltos (a tasa 0) antes de fin de año, aunque intentarán estirar el plazo, cosa que debe hacer por ley. Antes del coronavirus, había 30 comunas con problemas para llegar a fin de mes, ahora son 60. En el gobierno dicen que ninguna se quedará sin pagar sueldos, aunque los alcaldes afirman que necesitan mucho más y se quejan porque el Ejecutivo reparte según la información que maneja sobre la situación de cada distrito. El debate seguirá: como la recaudación impacta con 20 días de “delay”, el mes que viene los intendentes deberán pagar sueldos con la plata que están recaudando hoy, cuando la economía está parada.

Todo el esquema es, se ve, precario, sobre todo si no se puede acelerar una vuelta a la actividad. Por eso, en el gobierno provincial comenzaron a analizar diversas variantes impositivas para hacer frente al rojo. Aún no se sabe si se van a aplicar y el contenido concreto se mantiene cerrado bajo siete llaves, pero la inspiración es la iniciativa para grabar excepcionalmente a los mayores patrimonios que impulsa Máximo Kirchner. De hecho, una de las variables que miran antes de avanzar en La Plata es cómo se define ese debate, para saber los alcances que tendría ese tributo nacional. ♦