Diputados: es ley el régimen que penaliza la corrupción de las empresas

Nacionales 09 de noviembre Por
Las personas jurídicas estarán contempladas por delitos en el código penal. Hasta ahora sólo eran castigadas las personas físicas.
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La Cámara de Diputados sancionó ayer por amplia mayoría la ley que penaliza a las empresas que cometan hechos de corrupción. Desde ahora, las “personas jurídicas” privadas –sociedades, fundaciones, asociaciones, cooperativas- estarán contempladas por delitos del Código Penal, que antes sólo alcanzaba a las personas físicas, y podrán sufrir sanciones que van desde multas hasta la suspensión o liquidación de la empresa.

Impulsada por el Gobierno, reclamada por el presidente Mauricio Macri ante la Asamblea legislativa el 1° de marzo, la iniciativa fue producto de largo debate en ambas Cámaras desde el inicio del año legislativo. Aún con cuestionamientos a las múltiples modificaciones que le hizo el Senado a la media sanción de Diputados de julio, por considerarse un texto más restrictivo o “blando” hacia las empresas, el resultado fue de 144 votos afirmativos, 6 negativos y 31 abstenciones.

A favor votaron Cambiemos, el Frente Renovador/UNA, el peronismo no K del Bloque Justicialista, Progresistas y fuerzas provinciales. Hubo rechazo de la izquierda y el Frente para la Victoria se abstuvo. Para que haya ley, Cambiemos también se resignó al texto del Senado. Ya en la media sanción de Diputados la oposición le había bajado el polémico "artículo Odebrecht"que buscaba para aplicar la ley retroactivamente vía "acuerdos administrativos" y conseguir "confesiones" de arrepentidos para saber a qué funcionarios K le había pagado coimas la constructora brasileña.

En el inicio del debate, la radical Gabriela Burgos, presidenta de la comisión de Legislación Penal, consideró que es una ley “necesaria, importante para el país”, y recordó que el proyecto original fue elaborado por la Oficina Anticorrupción. “Es la forma en que la mayoría de los países del mundo están modificando sus legislaciones”, sostuvo. Tanto Burgos como el macrista Daniel Lipoveztky le apuntaron a la corrupción kirchnerista y la demora de 16 años en cumplir con esta ley para adecuarse a tratados internacionales. “Hotesur, Los Sauces, Lázaro Báez y otras empresas podrían haber sido sancionadas económicamente”, sostuvo Lipovetzky.

El kirchnerista Guillermo Carmona justificó la abstención del FpV y se refirió a la intención del Gobierno de contar con la ley para ingresar a la OCDE. “Esta es una ley OCDE, cuyamembresía requiere políticas públicas y regulaciones que van en contra de las mayorías populares”. También aludió a la renuncia de Alejandra Gils Carbó y el nombramiento de un nuevo procurador “vinculado con el Gobierno”, que haría los “acuerdos de colaboración eficaz” con los “arrepentidos”, previstos en la ley. “Es para beneficiar a funcionarios y empresas amigas del Presidente”, afirmó.

FUENTE DIARIO CLARIN

Desde el massismo, el cordobés Juan Brügge volvió a reclamar la“imprescriptibilidad” de los delitos de corrupción, que esa bancada impulsó en la media sanción en Diputados, y que el Senado borró de un plumazo. “Esta ley es imperfecta. Se va a tener que modificar, no se van a poder aplicar judicialmente muchas cosas”, señaló.

El peronista salteño Javier David valoró que con la ley “se está dando un paso enorme” pero también habló de “mejorarla en el futuro”. Cuestionó que con los cambios del Senado los jueces no tienen criterios definidos para aplicar las sanciones, y que de la “atenuación” de las penas (siempre con sanciones) se pasó a la “eximición” si las empresas adoptan un protocolo de integridad. “La ley se ha vuelto demasiado laxa”, advirtió.

La izquierda rechazó llanamente el proyecto. Pablo López, del Partido Obrero-FIT, reclamó “no engañar a la población, de que se está combatiendo la corrupción. Esto es mantener un salvataje a todas las empresas. La ley y la trampa están aquí en un sólo texto”.

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