GENERAL GÜEMES: Multarán a las empresas que no tomen mano de obra local

Provinciales 25 de noviembre de 2018 Por
Una ordenanza existente ya exige incorporar el 80% de mano de obra local.Ahora hay otro proyecto que impone una sanción económica a empresas que no cumplan.
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En un marco de emergencia laboral, donde cientos de empresas cerraron sus puertas y otras tantas redujeron su planta de trabajadores, localidades como General Güemes donde el porcentaje de mano de obra desocupada es muy preocupante y va en aumento, la pelea en defensa de los puestos de trabajo que se pudieran generar pone en alerta a las organizaciones que agrupan a los desocupados.

Existe una ordenanza que obliga a la incorporación de trabajadores locales, pero no especifica ninguna sanción si la empresa se negara a su cumplimiento. Por esa razón la concejal Lorena Cejas elaboró otro proyecto de ordenanza sobre la existente, que impone la sanción que se podrá aplicar a la empresa que incumpla con la ordenanza.

"Consideré que si no había una sanción por el incumplimiento de la ordenanza, todo sería inútil porque simplemente no se respetaba y no pasaba nada, es por esa razón que incluimos un artículo donde sancionaremos a las empresas que no cumplan con el requisito de tomar el 80% de mano de obra local, con el pago de una multa diaria, aunque el monto no está aún reglamentado.

El proyecto pasó a comisión y allí se discutirán esos puntos, pero lo importante es que le otorguemos mayor fuerza a la ordenanza, para que sea una herramienta efectiva en esta lucha por fuentes de trabajo", manifestó Cejas.

El proyecto se presentó esta semana en la sesión ordinaria que contó con la presencia de los miembros de la Unión de Trabajadores, quienes se mostraron muy conformes con lo presentado.  "Ahora nos sentimos muy acompañados por el sector político, debido a que cuando comenzamos con la lucha contra la empresa Conta, lo hicimos solos y solo recibimos golpes de la policía, ahora la situación es otra porque la empresa deberá afrontar el pago de una multa por cada día que pase y no ingrese al personal de Güemes, sabemos que la empresa realizó una presentación judicial por esta decisión porque considera que es inconstitucional.

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Lo positivo de todo esto, más allá de esta situación en particular, es que quedará una herramienta que servirá para otros casos que se pudieran presentar", expresó Rafael Lafuente, de la Unión de Trabajadores de Güemes.

Ordenanzas como estas que intentan preservar los puestos de trabajo para los desocupados locales existen en varios municipios, también los trabajadores Güemenses en varias oportunidades tuvieron que regresar con las manos vacías cuando intentaron ingresar a una empresa radicada en localidades vecinas.

Si bien todo esto parece una situación extorsiva y de presión sobre las empresas, no es otra cosa que una desesperada respuesta a la agobiante situación por la que atraviesan las familias de los desocupados: "No hay trabajo y si se abre una puerta por pequeña que sea, lamentablemente nos vemos obligados a luchar por conservarla para nuestros desocupados", dijo Lafuente.

Conflicto en Cruz Quemada

En el último año, con el cierre de una empresa en el parque industrial de Güemes y con el cierre del ingenio San Isidro, entre otras desvinculaciones laborales menores, los Güemenses enfrentan una situación realmente caótica,

Con las herramientas que tienen a su alcance, los desocupados intentan llevar un mensaje a las empresas que se instalan en el departamento, intentando que incorporen mano de obra local.

En este marco, la Unión de Trabajadores Desocupados Güemenses mantiene desde hace más de una semana, una lucha contra la empresa que realiza un poliducto en la localidad de Cruz Quemada, del municipio Güemes.

La dueña de la obra es YPF y para su ejecución contrató a la Empresa Metanense Conta, que desde el primer día de los trabajos contrató personal foráneo, procedente del municipio de Metán.

Frente a esta situación la Unión de Desocupados se instaló en Cruz Quemada en busca de puestos de trabajo, sin embargo la respuesta de los responsables de la obra siempre fue una negativa.

Con la ordenanza municipal en mano, que obliga a las empresas a tomar un 80% de mano de obra local, intentaron llegar a un acuerdo mediante el diálogo sin lograr resultados positivos, por lo que optaron por impedir la continuidad de la obra. "Fuimos desalojados por la policía a pesar de que les mostramos que existe una ordenanza que avala nuestro pedido", expresó el presidente de la Unión, Rafael Lafuente.

FUENTE DIARIO TRIBUNO SALTA

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