El macrismo envía un proyecto contra los piquetes y el ingreso de inmigrantes

Nacionales 05 de noviembre de 2018 Por
Forma parte de la reforma del Código Penal. Sube la pena por entorpecer el tránsito y crea un delito para extranjeros.
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La crisis económica potencia los reclamos y en el marco de una creciente tensión social, las reformas al Código Penal que enviará este mes el Ejecutivo al Congreso abrirá otro fuerte debate en el despunte de la campaña electoral y en un contexto de conflictividad en aumento. Entre las novedades el proyecto sube las penas por cortar el tránsito y crea el delito de incumplimiento de la prohibición de ingresar al país para los migrantes.

El proyecto aumenta la escala penal de un máximo de dos años a entre seis meses y tres años de prisión por “detener o entorpecer” la marcha de medios de transporte público y también de los privados sin autorización.

Según Clarín.com, el presidente Mauricio Macri instruyó apurar los últimos detalles del texto para girarlo al Senado y que comience a discutirse luego del Presupuesto.

“Es un Código Penal que defiende valores que venimos planteando, el valor de la convivencia en la calle que ha tenido muy pocas sanciones. Eso tiene que empezar a cambiar. Y los extranjeros que violan la ley, reincidentes, deben tener consecuencias”, dijo a Clarín un alto funcionario sobre estos aspectos de la iniciativa.

En las últimas semanas funcionarios advirtieron que las marchas con cortes vienen aumentando desde agosto y que el control de la calle se convirtió en una de las principales preocupaciones del Gobierno para lo que resta del año. La crisis económica potenció los reclamos, aunque en la Casa Rosada lo atribuyeron también a motivaciones políticas. Las organizaciones sociales replicaron las acusaciones y lo atribuyeron a una estrategia para criminalizar la protesta.

A su vez el nuevo Código incorpora una figura agravada para los migrantes que usan documentación falsa y para quienes incumplan la prohibición de reingresar a Argentina luego de una expulsión por sentencia condenatoria judicial. Para el último caso contempla prisión de uno a cuatro años; de acuerdo con la normativa vigente no es delito. A eso se sumará la discusión para endurecer la ley migratoria, con negociaciones entre el Gobierno y un sector del peronismo para agilizar las expulsiones.

“Tenemos que protegernos frente los que nos complican la existencia a todos”, dijo Macri la semana pasada. Bullrich, Miguel Pichetto y Rogelio Frigerio -si la Justicia encontraba pruebas- habían pedido que los detenidos en los incidentes frente al Congreso sean expulsados del país. “En nuestro caso no es por el triunfo de Bolsonaro. Desde el primer día estamos cambiando el paradigma en seguridad e inmigración”, esgrimió un integrante del Gabinete.

FUENTE CLARIN.COM

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